Concluye, por fin, el mayor despropósito político-judicial que quien suscribe haya conocido en su trayectoria profesional: el desgraciadamente famoso juicio de los trajes.
Algunos celebran que el expresidente del gobierno valenciano haya sido sentado en el banquillo para ser juzgado por una supuesta falta (que no delito) cuya sanción ni siquiera conlleva la inhabilitacion para el ejercicio de cargo público. Cualquiera sabe que nadie se corrompe por el regalo de unos trajes o un bolso, a cambio de realizar una adjudicación ilegal.
Este esperpento judicial ha recibido la autorización del magistrado que lo preside (Juan Climent que formó parte del gobierno socialista de Joan Lerma) para ser retransmitido a través de todos los medios de comunicación y así convertirlo en una de "Las Norias" televisivas que tanto gustan a los expertos de comunicación del PSOE.
Un intrascendente juicio, a juzgar por la falta que se les imputa, en el que se han gastado 450.000 € para que los 9 ciudadanos que forman el jurado, puedan decidir si Camps y Costa se pagaron unos trajes o si éstos les fueron regalados por la empresa Orange Market a cambio de los contratos que les adjudicó (en concursos públicos) la Generalitat Valenciana.
Esta singular e irrepetible causa fue archivada en primera instancia por este mismo TSJ y fue recurrida por el PSPV-PSOE para batir a su rival político en los tribunales, con la única prueba solvente de la declaración de un sastre cabreado por haber sido despedido de la empresa que los confeccionaba, después de negar estos mismos hechos ante los fiscales y la policía en su primera declaración. Asimismo, se han aportado las grabaciones de las escuchas en las que jamás se menciona la existencia (o regalo) de ningún traje y se ha impedido, por el contrario, que se aportaran las escuchas ilegales practicadas por Garzón en donde los empresarios niegan que regalaran traje alguno a Camps o a Costa.
En definitiva un esperpento judicial con una única misión: el linchamiento y defenestración política del más difícil rival con el que los socialistas habían competido jamás: Francisco Camps.
A mi modo de ver, sea cual fuere el veredicto final, configura el más desproporcionado dislate jurídico jamás conocido y pone en tela de juicio los principios generales de nuestro ordenamiento y las garantias de esa tutela judicial que como dice nuestra Constitución es un Derecho Fundamental y debe ser efectivo para todo el mundo. También para ellos.
Sin entrar a valorar si el juicio debía haberse producido o no y habiendo como hay una acusación particular que insta el proceso y unas pruebas cuya veracidad debe ser contrastada antes de condenar a un inocente, no alcanzo a entender cómo se ha consentido que se llegue a producir este "show" mediático, cuya repercusión es en sí misma la mayor condena. Se ha transgredido, con mucho, el marco de lo razonable para una falta de esta naturaleza.
Aunque el veredicto, como creo y confío, será absolutorio, el daño que se les ha hecho a estas personas es absolutamente irreparable.
